Tras una marcha en la capital, convocada por un arco de 27 grupos integrantes de las más diversas sensibilidades sociales, se dio lectura a una carta dirigida a las máximas autoridades en la que justifica esa solicitud para que más del 52 por ciento de la población uruguaya pueda tener derecho a vivir una vida saludable y libre.
'Se justifica en la materialidad que constatamos en cada intento o feminicidio logrado por varones que no pueden comprender que las mujeres no somos objetos y ante cada situación de abuso sexual infantil que genera marcas imborrables en nuestras infancias y adolescencias', fundamenta el documento.
Como pocas veces antes, los manifestantes llegaron al punto de considerar que por dichos motivos se debería convocar a un Consejo de Ministros y hasta proponen la ejecución de varias medidas a corto plazo.
En lo más urgente propugnan por garantizar la asignación de mecanismos de monitoreo electrónico mediante tobilleras a infractores de violencias o de amenazas a mujeres, sujetos a restricciones judiciales de alejamientos de víctimas.
Además piden la intervención de equipos de salud para agresores de alto riesgo, el establecimiento de un centro de referencia y articulación de respuestas para situaciones de riesgo de vida de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y una campaña de sensibilización en medios de comunicación., en el marco de la Ley No. 19.307.
Estadísticas del Ministerio del Interior informaron en 2018 una cifra de 28 feminicidios, para un país de menos de cuatro millones de habitantes, 24 de esos casos a manos de parejas o exparejas y cuatro por otros familiares.
Y en lo que va del año actual se registraron y propagaron por los medios de comunicación 17 casos de víctimas mortales en edades de 72, de adolescentes de 14 y 17 y de una niña de cuatro años.
En medio de la conmoción causada en la opinión pública, la senadora del sector Casa Grande del Frente Amplio, Constanza Moreira, presentó al candidato presidencial de esta coalición gobernante, Daniel Martínez, un más integral 'Plan de Emergencia nacional 2020-2025'.
La propuesta contempla abordar de manera integral la vigente Ley de Violencia basada en género hacia las mujeres y particularmente, el fortalecimiento del Sistema interinstitucional y garantía de diálogo con organizaciones sociales y movimientos de mujeres feministas, a nivel comunitario para prevenir y combatir la trata.
Sin embargo las inquietantes problemáticas descritas y reconocidas para su consecuente corrección, representan la otra cara del estatuto de las mujeres uruguayas, la plasmación de sus derechos legítimos garantizados mediante políticas progresistas y legislaciones adoptadas, sobre todo bajo los gobiernos de la coalición de izquierda Frente Amplio.
Por ejemplo el instituto Nacional de Estadísticas consignó que de un millón 625 mil personas trabajando, 730 mil son mujeres, y remarcó que su empleo 'ha crecido en los últimos años el triple de la tasa de empleo de los hombres, y su remuneración promedio creció del 72 al 75 por ciento 'sin categorías diferentes'.
Dos mujeres coinciden en la actualidad en presidir los dos cuerpos legislativos del Parlamento de Uruguay: la diputada del frenteamplista Movimiento de Participación Popular (MPP), Cecilia Bottino, en la Cámara de Representantes, y Lucía Topolansky, procedente de la misma formación política, encabezando el Senado y de facto la vicepresidencia del país.
En ángulos tan sensitivos como los derechos sexuales y reproductivos las mujeres disfrutan de una serie de prestaciones anticonceptivas sin costo o a precio mínimo, una ley vinculada a la interrupción voluntaria clínica del embarazo, técnicas de reproducción asistida y controles preventivos de cáncer uterino y otras enfermedades genitales importantes.
Pero más pronto fluyen los cambios que parten de resoluciones institucionales y administrativas de lo que depende de las mentes humanas, sostenedoras de culturas forjadas a lo largo de siglos y aquí radican algunas sustanciales claves de la repudiada violencia basada en género en Uruguay.
Para una voz tan autorizada como la directora del Instituto Nacional de Mujeres Inmujeres), Mariella Mazzotti, 'la sociedad uruguaya está viviendo en un contexto de violencia de género que alarma y preocupa, lo que lleva a seguir trabajando en la necesidad de cambios culturales',
En un seminario realizado en Montevideo, sostuvo que 'la desigualdad alimenta situaciones que luego eclosionan en violencia de género' y abogó por generar en el hogar vínculos de trabajo conjunto para socavar la idea de que solo las mujeres cuidan y los hombres trabajan.
'Las mujeres son sujetos de derecho independientes que comparten las tareas de cuidados con los varones, las tareas productivas y las responsabilidades económicas', enfatizó.
También señaló que en el 77 por ciento de los casos que ocurrieron este año no había denuncias previas de violencia y que se repiten en las familias expresiones como: 'No lo podíamos creer, porque era el padre de sus hijos', lo que consideró una muestra de que no siempre se es consciente del grave riesgo en el que las víctimas están inmersas.
Colocado el alarmante problema en el foco de diversos actores sociales determinantes, de ellos convergen pronunciamientos reivindicativos, legalistas, punitivos, preventivos y educativos. En cualquiera de los casos sustentan o se acercan a la percepción de enfrentar una emergencia nacional.
Tomado de Prensa Latina
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